Nace en Bilbao la primera inmobiliaria ética del Estado

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Etikalia facilitará el acceso a la vivienda a las personas con dificultades sociales o económicas a través de una política que no les exigirá avales ni garantías adicionales

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La vivienda es uno de los derechos que más se ha resentido con la crisis. No son pocas las historias que a diario se difunden en los medios sobre familias que han perdido su casa o que no tienen dinero para alquilar un piso. Etikalia, la primera inmobiliaria ética de todo el Estado español, pretende paliar esta realidad tendiendo la mano a los grupos más desfavorecidos. Acaba de nacer en Bilbao y entre sus novedades destaca que a los inquilinos no se les exigirán avales mientras que a los arrendadores se les ofrecerán garantías por el cobro de la renta y ante desperfectos por vandalismo.

El impulsor de Etikalia es el exdirector y promotor del programa Bizigune del Gobierno vasco, Roberto Cacho, quien sostiene que el objetivo de su empresa es aportar, por medio de la intermediación, “soluciones a los problemas, necesidades y temores que les puede plantear el arrendamiento”. “El sector inmobiliario tradicional se ha lucrado durante la burbuja a costa de dificultar el acceso a la vivienda de un sector muy importante de la población, cuyos recursos económicos no les permitía tener acceso a una vivienda”, denuncia, al tiempo que asegura que ” se puede y se debe trabajar en beneficio de la sociedad, puesto que la vivienda no es un bien con el que se pueda especular sino una necesidad básica de las personas”.

La ‘Economía del Bien Común’ promovida por Etikalia se nutre de unas curiosas pautas que resultarían impensables para algunas empresas. Además del uso del transporte público y la bicicleta en los desplazamientos a las viviendas para contribuir a la conservación del medio ambiente, la nueva inmobiliaria promueve la gratuidad de la gestión para los inquilinos y la oferta de garantías y servicios exclusivos sin coste alguno para los propietarios que alquilen su vivienda por debajo de la renta de mercado. Todo ello se suma al compromiso de la reinversión del 100% de los beneficios y en la mejora de los sueldos, la contratación laboral de los empleados evitando la fórmula del “falso autónomo”, así como la limitación del salario máximo de la empresa al triple del mínimo.

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